Se realizaron 11 foros entre el 22 de abril y el 28 de mayo de 2015, auspiciados por la subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía en convenio con la Corporación Lenguaje Ciudadano y el apoyo de la Corporación Sur. Se contó con un equipo base de conferencistas conformado por el Dr. Franky Urrego, el Dr. Pedro Santana y el Dr. Carlos Alberto Lerma. La Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, de la Secretaria de Salud participó en los foros con la intervención del Dr. Fabio Mariño Vargas, Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía, la Dra. Diana Carolina Corcho, Directora de participación, el Dr. Jaime Hernán Urrego Sub secretario de Salud Pública y en los foros realizados en Kennedy y Bosa contamos con la intervención del Dr. Ramiro Pinilla abogado de los Puntos por el derecho a la salud – PDS-. El Foro amplio desarrollado el día 28 de mayo concertado junto con ACESI, la Universidad Autónoma de Colombia -FUAC-, La Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía y la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad, denominado “Crisis Hospitalaria y sus soluciones en el marco de la Ley Estatutaria de Salud” contó con los siguientes conferencistas:        Dr. Carlos Alberto Torres: Magistrado auxiliar de la Corte Constitucional quien dictó la Conferencia Central, sobre la Ley Estatutaria de Salud, Olga Lucia Zuluaga Presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -ACESI-, Dra. Carmen Eugenia Dávila Delegada del Ministerio de Salud,    Dr. Juan Edgar Marín Representante de Empresas Privadas Prestadoras de Salud de Antioquia, Delegada de la Superintendencia de Salud, Dr. Luis Alberto Martínez director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia –AESA- y el Dr. Sergio Isaza Presidente de la Federación Médica Colombiana y secretario de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social – CSR-.

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Crisis de la medicina basada en pruebas clínicas

Proyecto Censurado

Nota: La segunda noticia más censurada en el año académico 2015-2016 aborda la corrupción de la industria farmacéutica, que financia investigación y ensayos clínicos falaces, por ejemplo sobre las bondades de la paroxetina, para lograr su prescripción médica en casos de depresión del niño y el adolescente, aunque a la postre resultó tan ineficaz como un placebo, pero con severos efectos secundarios, fraude que al laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) le costó 3 mil millones de dólares en multas.

“Algo ha venido fallando fundamentalmente en una de nuestras creaciones humanas más grandes”, escribió en abril de 2015 el redactor Richard Horton de The Lancet. Describiendo el resultado de un simposio celebrado ese mes en el Reino Unido sobre la reproductibilidad y la confiabilidad de la investigación biomédica, Horton lo resumió como “un caso en contra de la ciencia”. Dijo: “Mucha de la literatura científica, quizás la mitad, simplemente puede ser falsa. La ciencia se ha dado una vuelta hacia la oscuridad, afligida por estudios con muestras de pequeño tamaño, efectos minúsculos, análisis exploratorios inválidos y conflictos de intereses flagrantes, así como una obsesión por perseguir tendencias de moda de importancia dudosa… Es alarmante la apariencia endémica del evidente mal comportamiento de la investigación”.

Horton no es el primer redactor de un diario médico prominente que despierta estas inquietudes. En 2009, Marcia Angell, ex editora del New England Journal of Medicine, hizo reclamos similares en un artículo para el New York Review of Books: “Simplemente no es posible seguir creyendo en muchos informes de investigación clínica publicados, o confiar en el juicio de médicos de confianza o en instrucciones médicas autoritarias. No me da ningún placer esta conclusión, que alcancé lenta y a regañadientes durante mis dos décadas como editora del New England Journal of Medicine”.

Criticando la influencia indebida de la industria farmacéutica en la profesión médica, Angell concluyó que se requiere “la rotura frontal de un modelo de comportamiento extremadamente lucrativo”. El editorial de Horton en Lancet repitió la evaluación de Angell: ¿“Pueden ser inamovibles las malas prácticas científicas? Parte del problema es que nadie está correctamente incentivado. En su lugar, estimulan a los científicos para ser productivos e innovadores”.

Ningún estudio biomédico personifica mejor que el Estudio 329 la corrupción y los notorios conflictos de interés conocidos desde adentro por críticos como Angell y Horton, ahora un notable ensayo clínico publicado en 2001 en el Diario de la Academia Norteamericana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente. El Estudio 329 reportó que la paroxetina –comercializada por Smithkline Beecham (ahora GlaxoSmithKline, o GSK) como Paxil en EEUU y Seroxat en el Reino Unido– era segura y efectiva para tratar la depresión en niños y adolescentes. Una campaña de marketing de GSK levantada con publicidad del Estudio publicado, exaltó “la notable eficacia y seguridad de la droga“, que llevó a los médicos a prescribir Paxil a más de dos millones de niños y adolescentes de EEUU a finales de 2002.

Sin embargo, al cabo de un año del informe original, la Administración de Alimentos y Drogas de EEUU (FDA, su sigla en inglés) declaró “ensayo fallido” al Estudio 329 porque otras pruebas indicaron que a adolescentes a quienes prescribieron la droga para tratar la depresión no les fue mejor que a otros tratados con un placebo. En 2003, los reguladores británicos de drogas dieron instrucciones a los médicos de no prescribir Seroxat a los adolescentes. En 2012, en lo que el Ministerio de Justicia de EEUU describió como “el fraude más grande de asistencia médica en la historia estadounidense”, GSK pagó tres mil millones de dólares en multas para salvar su responsabilidad en denuncias de fraude y fallas en reportar datos de seguridad.

En 2015 el British Medical Journal (BMJ) publicó un nuevo análisis importante del Estudio 329 de GSK. Charlie Cooper de Independent reportó que ese análisis –conducido por un equipo internacional de investigadores de Australia, Canadá, EEUU y del Reino Unido, y basado en miles de páginas de datos nuevamente disponibles de GSK, contradijo “rígidamente” las demandas del informe original. Además, Cooper hizo notar que la nueva valoración del Estudio 329 marcó “un jalón en la campaña de la comunidad médica para abrir al escrutinio científico independiente los datos de ensayos clínico llevados a cabo por las compañías farmacéuticas”.

Como informó Sarah Boseley en el Guardian, el nuevo análisis del Estudio 329 encontró que los efectos beneficiosos de la paroxetina eran muy menores, mientras sus efectos dañinos eran de lejos mayores que en el Estudio originalmente publicado. Particularmente, examinando el sistema completo de datos de los ensayos clínicos, los investigadores que condujeron la nueva valoración encontraron que 11 de los 275 niños y adolescentes sometidos al medicamento desarrollaron comportamiento suicida o auto dañino. El estudio original había reconocido solamente cinco de estos casos. El profesor de psiquiatría David Healy, uno de los co-autores de la nueva valoración, observó: “Esto es una alta tasa de niños encaminados a ser suicidas. No se considera la experiencia para esto. Se toma experiencia extraordinaria para evitar encontrarla”. Boseley reportó también renovados llamados documentados al Diario de la Academia Norteamericana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente a retractarse del estudio original de GSK, cuyo autor más importante fue Martin Keller, de Brown University. Peter Doshi, editor asociado de BMJ, observó: “Se dice a menudo que uno mismo corrige a la ciencia. Pero el sistema ha fallado para quienes durante muchos años han estado pidiendo una retractación de las aseveraciones de Keller”. Ninguno de los redactores del diario de la Academia, ni de los 22 autores participantes en el Estudio han intervenido para corregir el documento y no se ha sancionado a ningunos de los autores, observó Doshi.

Sin embargo, según lo documentado por Charlie Cooper en el Independient y Sarah Boseley en el Guardian, el nuevo análisis del conjunto completo de datos originales de los ensayos clínicos para el Estudio 329 es el primer éxito mayor de una nueva iniciativa para conseguir abrir los datos conocida como Restauración de Pruebas Invisibles y Abandonadas (en inglés RIAT, Restoring Invisible and Abandoned Trials), que ha sido promovida por el BMJ. Como reportó Cooper, “el ajusticiamiento final del BMJ del “el infame Estudio 329″ representa una victoria simbólica para el naciente movimiento de “datos abiertos” en salud.” RIAT es parte de un movimiento más amplio que lucha por forzar a las compañías farmacéuticas a abrir al escrutinio científico independiente todos sus datos disponibles. La campaña de AllTrials, que pide la publicación abierta de todos los resultados de ensayos clínicos, ahora tiene el apoyo de más de 600 organizaciones médicas y de investigación, informó Cooper. El nuevo análisis del Estudio 329 mostró “el grado en que nos está fallando la regulación de las drogas”, dijo Fiona Godlee, editora jefe de BMJ, citada por Boseley en un artículo del Guardian. Godlee más bien pidió ensayos clínicos independientes del financiamiento y manejo de la industria, así como legislación “para asegurar que los resultados de todos los ensayos clínicos estén completamente puestos a disposición” del escrutinio de terceras personas. Ambas noticias registraron la cooperación de GlaxoSmithKline en la elaboración de los datos originales disponibles para el nuevo análisis. GSK puso en su sitio web 77.000 páginas de informes des-identificados de casos de ensayos, aunque debe observarse que la compañía fue obligada a hacerlo en conformidad con los términos de su acuerdo.

El editorial de Richard Horton en Lancet no recibió ninguna cobertura en la prensa corporativa de EEUU. El Washington Post ofreció una información sobre el nuevo análisis del estudio original de la paroxetina. El artículo proporcionó mucha información sobre las falencias del estudio original, sosteniendo, por ejemplo, que las discrepancias entre el informe original y el nuevo análisis del BMJ en parte se debían “al error de codificación de una tentativa seria de suicidio como ‘carga emocional’, una condición temporal que implica episodios incontrolables de llanto”. Sin embargo, el informe del Washington Post solamente mencionó al paso al movimiento pro datos abiertos y no identificó por su nombre ninguna de las iniciativas específicas, tales como RIAT o AllTrials. Además, la prensa corporativa ignoró la nueva valoración del estudio de la paroxetina.

En mayo de 2014, el presidente Obama firmó la ley Digital Accountability and Transparency Act (DATA Act, Ley de Responsabilidad y Transparencia Digital). Aunque requiere que las agencias federales elaboren datos públicamente disponibles –incluyendo las fuentes de financiamiento para ensayos clínicos– la ley DATA Act no se aplica al financiamiento de la investigación biomédica privada.

Fuentes:

Richard Horton, “What is Medicine’s 5 Sigma?,” Lancet 385, no. 9976, April 11, 2015, http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960696-1.pdf.

Charlie Cooper, “Anti-Depressant was Given to Millions of Young People ‘After Trials Showed It was Dangerous’,” Independent, September 16, 2015, http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/anti-depressant-was-given-to-millions-of-young-people-after-trials-showed-it-was-dangerous-10504555.html.

Sarah Boseley, “Seroxat Study Under-Reported Harmful Effects on Young People, Say Scientists,” Guardian, September 16, 2015, https://www.theguardian.com/science/2015/sep/16/seroxat-study-harmful-effects-young-people.

Student Researchers: Joshua Gill-Sutton and Adaeze Iroka (San Francisco State University)

Faculty Evaluator: Kenn Burrows (San Francisco State University)

Traducción de Ernesto Carmona
Fuente http://www.alainet.org/es/articulo/181597

El país lleva más de veinte años implementando el modelo de salud de la ley 100, que se caracteriza por resolver la problemática de la salud en el mercado. Igual tiempo lleva la crisis de la salud que se expresa en los medios de comunicación como el paseo de la muerte para significar la tragedia de quienes acuden al servicio de salud y no reciben atención y que finalmente fallecen. Este drama de miles de familias colombianas ha sido acompañado de una lucha permanente por lograr el goce efectivo de la salud y han existido grandes avances como la Ley Estatutaria de Salud de 2015.
Sin embargo la crisis permanece, dado que la causa principal, la negación de servicios, es a su vez el mayor incentivo de ganancia para los privados en un modelo de salud de mercado, el último informe de la Defensoría del Pueblo muestra que el 65,7% de las negaciones fueron por servicios y tecnologías incluidas en el POS, es decir que las EPS estaban obligadas a brindar y aun así los negaron. A esta problemática se le suman muchas más como la falta de oferta en los llamados territorios dispersos, donde las empresas privadas no llegaran pues los costos de brindar servicios en dichas zonas no dejan rentabilidad, la falta de profesionales especializados, la falta de vigilancia y control de la entidades oficiales, pero sin lugar a dudas el principal problema es la falta de voluntad política para transformar el sentido de la política pública hacia el goce efectivo del derecho a la salud de colombianos y colombianas.

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