En el momento en que realizo este escrito, se adelantan en Colombia por lo menos cuatro procesos que apelan a mecanismos de participación democrática, los cuales convocan a la ciudadanía, como constituyente primario, a referendos y/o consultas populares para impulsar una agenda de reformas o una revocatoria del mandato (como en el caso del Alcalde Mayor de Bogotá). Una verdadera torre de babel para el ciudadano de a pie que es interpelado en las calles y en las redes sociales, para participar firmando un sin número de iniciativas, sobre múltiples temas que se jugarán en la agenda política electoral del 2018, y que se perfilan como escenarios que aceitan las maquinarias de la próxima disputa electoral por la Presidencia y el Congreso de la República.

Describiré sólo algunas de las más polémicas e intentaré distinguir algunos rasgos comunes. Unas son impulsadas por partidos y movimientos políticos alternativos de la oposición nacional y distrital para resolver agendas que no han sido posible tramitar en el Congreso de la República por la hegemonía del gobierno y la imposibilidad fáctica de que este se reforme a sí mismo; este es el caso de la consulta popular anticorrupción liderada por la Alianza Verde, partido que había sido derrotado por las mayorías del Congreso de la República en una iniciativa legislativa para disminuir el salario de los Congresistas que es escandalosamente elevado respecto al resto de América Latina.

La fortaleza de esta propuesta radica en que ubica en el escenario del debate público el fenómeno de la corrupción en Colombia; que ha logrado visibilizarse a partir de los escándalos de Odebrecht, Reficar, Saludcoop, entre otros. Proponen limitar al máximo tres periodos la participación en corporaciones públicas como Concejos, Asambleas Departamentales y Congreso de la República. Establece como requisito para posesión y ejercicio del cargo la publicación de  la declaración de renta, manifestar los conflictos de intereses a todos los elegidos y obligar a los Congresistas a hacer rendición de cuentas. Se propone terminar los contratos con el Estado a personas condenadas por delitos contra la administración pública, además de negar beneficio de excarcelación por delitos de corrupción y reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes el sueldo de los Congresistas.

Indudablemente unas medidas que apuntan por lo menos en los elementos normativos a aminorar el problema de la corrupción y potenciar una cultura del control social y ciudadano sobre sus representantes. Este proceso aportará de manera evidente a descentrar al país del debate de la paz y la guerra en los términos de la polarización Uribe-Santos, y poner en la lente del debate público ciudadano otras problemáticas que atañen al país. En síntesis, diversificar la agenda nacional de cara al proceso electoral que debe culminar con la elección del presidente de la República en el año 2018.

La debilidad de esta consulta, es que al igual que la mayoría, se presenta desde una plataforma política en el marco de la disputa electoral del 2018 pues su vocera central es la precandidata a la presidencia Claudia López. Si no se lleva a cabo la totalidad de la consulta y el logro de los objetivos, se podrían desvirtuar y generar desconfianza por parte de la ciudadanía en estos mecanismos de participación, por encontrarlos instrumentales a campañas electorales.

El segundo caso responde al Proceso de Revocatoria de Peñalosa convocado bajo la premisa  de la insatisfacción ciudadana que ha generado el primer año de gobierno del Alcalde Mayor por hechos como la enajenación de las Empresas Públicas (como la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB y una parte de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá), la propuesta de urbanización de la reserva ambiental Van der Hammen, los no sustentados cambios de la realización del metro subterráneo a cambio de uno elevado, la fusión de hospitales públicos sin sustento técnico y la imposibilidad de hacer control político. Dada la cooptación del burgomaestre al Concejo de Bogotá y la pobre o nula respuesta de los órganos judiciales ante denuncias tanto penales como disciplinarias que se han instaurado contra el Alcalde (la más conocida por la falsificación de sus títulos académicos) y dada la benevolencia parcializada de los grandes medios de comunicación, resulta evidente el cierre de los contrapesos del sistema político distrital para hacer control a la administración y un debido ejercicio de oposición democrática.

En la primera etapa de este proceso de revocatoria se inscribieron cuatro comités, pero ahora sólo quedan dos. Uno de ellos, que logra la adhesión de dos de los cuatro iniciales tiene una conformación fundamentalmente similar a la coalición política que acompañó la candidatura a la alcaldía de Clara López. El otro, surge como iniciativa ciudadana hace un año y es liderado fundamentalmente por un grupo de jóvenes en donde confluye mayoritariamente ciudadanía no organizada y movimientos sociales en el concepto de lo que se denomina “las nuevas ciudadanías”.

La fortaleza de este proceso de revocatoria es que pone en el centro del debate la política pública de Bogotá ante el cierre de los poderes fácticos y de control político y judicial a la Administración. La debilidad de tal iniciativa radica en la división de los revocadores y el peso específico del primer comité que por su configuración pone de manera inevitable el debate de Bogotá en término de derecha e izquierda; gobiernos anteriores y gobierno actual. Tal dicotomía resulta contraproducente dado que la insatisfacción ciudadana con el gobierno de Enrique Peñalosa supera el alcance de este espectro político, social y ciudadano. La unión de los dos comités con una lógica de mayor amplitud y con mayor peso del espectro ciudadano sin partido, podría convocar de manera eficaz las evidentes mayorías en Bogotá no acordes con la actual administración.

Del otro lado existen dos iniciativas de referendos, lideradas desde el espectro político y social conservador de las extremas derechas. En este caso el rasgo común es que estas dos iniciativas proponen impugnar desde la participación ciudadana conquistas de los derechos fundamentales de las minorías en la constitución de 1991 y del Estado laico, o contraponerse a los avances que ha tenido el proceso de paz con las FARC, anticipando un cierre a un posible proceso de paz con el ELN. El primero es liderado por la Senadora del Partido Liberal Viviane Morales, que se aparta de las banderas ideológicas de su partido y se alinea con el sector más radical y conservador del Movimiento Cristiano del cual hace parte, que demostró una gran fortaleza en plebiscito de la paz del 2 de octubre con el No, y hoy se posiciona, aún frente a la histórica e influyente iglesia católica colombiana, como una fuerza que quiere poner agendas e incidir en el Estado.

Se trata del referendo que busca prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo e incluso por personas solteras, que ya surtió el paso de la recolección de las firmas y logró aprobación mayoritaria en la plenaria del Senado de la República, faltaría la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, y pasa a revisión de constitucionalidad   por parte de la Corte Constitucional, que en tres de sus sentencias ha manifestado la favorabilidad para que parejas del mismo sexo adopten, así como también la adopción individual.

En este referendo, la Senadora Morales pretende que las mayorías revoquen los derechos fundamentales de las minorías, en este caso las LGBTI, las madres y padres solteros. Dado que la función de un tribunal constitucional en un Estado de derecho es la protección de los derechos fundamentales, es muy probable que este referendo no pase el filtro de la Corte Constitucional, lo cual sería un precedente positivo de que no es posible retroceder en los avances civilizatorios en materia de derechos por las imposiciones de mayorías.

El último referendo que referenciaremos, es la iniciativa admitida por la Registraduría que busca la revocatoria del presidente Santos, en donde además se adiciona la disminución del salario de todos los funcionarios públicos a 10 salarios mínimos, se postula que la Constitución Política solo puede ser modificada vía referendo, es decir, que el Congreso de la República no podría desarrollar actos legislativos para hacer reformas constitucionales, como algunos que se adelantan en el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana. Esta iniciativa es radicada por una ciudadana, al respecto el 9 de enero en su cuenta de twitter el expresidente Uribe anuncia que inicia el referendo revocatorio del Presidente Santos. Se desconoce el avance del proceso de recolección de firmas, y desde las vocerías del Centro Democrático no se ha vuelto a ser mención del mismo.

Este referendo hace parte de aquellos que denominamos la posverdad: lanzar ideas que generen confusión en medio de propuestas loables y que atraigan a la ciudadanía para lograr un objetivo político. Fue la estrategia del No en el plebiscito que confesó Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No, en donde se desinformaba al electorado de manera intencional y calculada sobre asuntos que no tenían que ver con el proceso de paz para ganar adeptos al No. Esto ocurrió con temas como la ideología de género, el castro chavismo, la pérdida de las pensiones de los maestros, y decenas de temas que el uribismo y el No, viralizaron en las redes sociales y en cadenas de WhatsApp, con la intención de generar confusión y emocionalidad en el electorado para votar por el No.

La convocatoria de este refrendo parte de una premisa inviable en el ordenamiento jurídico colombiano, es el hecho de que el Presidente de la República es un cargo que no puede ser revocado, esta figura solo aplica para los alcaldes y gobernadores.

Sin embargo, el proceso de la recolección de firmas tiene un efecto político y esto es lo que buscan los autores y acompañantes. En ese mismo sentido, circulan audios por las redes sociales que mezclan en un proceso de recolección de firmas temas que generan indignación, como la reforma tributaria, con otros temas como los acuerdos de La Habana, la revocatoria del Presidente, induciendo confusión a la ciudadanía al señalar que se puede hacer un referendo sin que este pase por la aprobación del Congreso de la República, e instrumentalizando la indignación de la ciudadanía contra la reforma tributaria, para aceitar la maquinaria electoral de 2018, anunciando la revocatoria del Presidente, e incluso la derogatoria de los acuerdos de paz y los mecanismos avalados por la Corte Constitucional para su implementación. Discursos que han inundado las redes, introduciendo al ciudadano en una verdadera torre de babel.

En conclusión, asistimos a un momento donde los mecanismos de participación ciudadana abundan en múltiples expresiones, lo que a simple vista se podría interpretar como un robustecimiento de la democracia directa. Sin embargo, tal lectura no es tan clara dado que el aumento de los mismos en un año electoral vuelve al ciudadano sujeto de instrumentación con fines electorales. Este hecho también podría ser el síntoma de una crisis de representatividad del congreso de la república y los concejos en el ejercicio de control político a los gobernantes, sumado a la fragilidad en la eficacia de los órganos de control, aspectos que hacen parte de la crisis estructural de la democracia en Colombia.

La práctica de la posverdad, la emisión permanente de mentiras, sume la participación en el oscurantismo. Por consiguiente, se hace necesario la construcción de una opinión pública ilustrada, informada, y en ello cabe una gran responsabilidad a los medios de comunicación a quienes correspondería  lograr mayor profundidad en el abordaje de los temas. Análisis de contexto, denuncia de las mentiras, denuncia de la manipulación de los electores, estas tareas lastimosamente no las está ejerciendo el periodismo que se practica en los grandes medios de comunicación del país.

Carolina Corcho Mejía: Médica psiquiatra, integrante de la Corporación Latinoamericana Sur.

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