En este momento, continúa en trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley 272 de Cámara de Representantes y 261 de Senado de la República por medio del cual “Se crea el Fondo Nacional de Residencias Médicas y se Reglamenta el Sistema de Residencias Médicas en Colombia”. Tal proyecto cuenta con un equipo de ponentes coordinado por el Senador Jorge Iván Ospina quien, el pasado 29 de agosto, citó a una audiencia pública a distintos actores con interés en el proyecto. A saber: Hospitales, Universidades, Gremios Médicos, ente otros.

 

En la Audiencia se expresaron las múltiples posturas y todas coinciden en apoyar el artículo que reconoce a los residentes como trabajadores del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y que deben ser laboralizados y remunerados por un fondo Estatal. La única objeción fue presentada por el Ministerio de Educación Nacional, que expresó el hecho de que el Estado asuma la remuneración de los residentes que estudian y asumen la prestación de servicios de salud en instituciones privadas. Al respecto, se aclaró que tanto las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Pública como Privadas son financiadas por recursos públicos de la salud, provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), por tanto, así sean instituciones privadas, manejan recursos públicos y cumplen la función de prestar un servicio esencial en el marco de un derecho fundamental como la salud. En ese sentido, los médicos residentes son trabajadores del SGSS, que es de carácter público.

Sobre los Hospitales Universitarios se expresó que la formación del residente generaba un costo adicional para estas instituciones. Esta afirmación fue desvirtuada por la intervención del representante del Hospital Universitario San Ignacio, quien demuestra con estudios y reafirma que los ingresos financieros por los aportes del médico residente con la prestación de servicios, el ejercicio docente e investigativo son superiores a los gastos que genera su formación para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Acota que es importante que el Estado defina qué especialidades médico quirúrgicas estaría dispuesto a financiar respecto a las necesidades de salud de la población dado que no existe una estandarización de la oferta de especialidades médico-quirúrgicas en Colombia.

El Ministerio de Salud y Protección Social señaló que es importante definir con mayor claridad la creación del fondo, precisar a qué institucionalidad responde y cuáles serán los rubros específicos que lo financiarán. Hace una importante alerta que si el legislativo no determina con precisión estos elementos, la ley podría ser un saludo a la bandera presentando dificultades para su reglamentación.

 

El Álgido Debate del cobro de Matrículas Universitarias

Como era previsible, este era el punto que mayor división suscitaría. Se conocieron tres posturas por parte de las Universidades:

La primera, parte de la negación que las matrículas sean exorbitantes. Debe anotarse que estas fluctúan de manera arbitraria entre cifras de 4 millones anuales hasta 40 millones anuales. Las intervenciones enuncian de manera genérica que estas matrículas se destinan a la financiación de la planta docente, centros de simulación y bibliotecas. Ninguno de los intervinientes en favor de esta postura mostró cifras detalladas que sustenten con precisión las destinaciones. Concluyeron proponiendo que en caso de que el residente no deba pagar estas matrículas estas deben ser asumidas por un fondo del Estado, una propuesta similar a la política de Ser Pilo Paga.

Es un riesgo que se introduzca la perversa propuesta de un Ser Pilo Paga en el proyecto de ley; lo que desvirtúa completamente su espíritu. El programa mencionado, que en la actualidad se encuentra en curso en país, tiene el propósito de subsidiar la demanda de cupos educativos de educación superior, contempla la financiación de 10 mil cupos de estudiantes universitarios pagando el costo total de sus matrículas prioritariamente a universidades privadas. Expertos como Julián de Zubiría han sido críticos de este programa que no conlleva a la equidad, sino, por el contrario, desfinancia a las universidades públicas.

Es así como para el 2018 se invierte el mismo presupuesto en Ser Pilo Paga para la formación de 10 mil estudiantes, que el presupuesto total de las 32 Universidades Públicas Nacionales que educan a 650 mil jóvenes[i]. Las universidades privadas reciben el 85% de los Pilos, por la expectativa de empleabilidad y nexos; ni siquiera desde el punto de vista fiscal se comparece la inversión del programa con el impacto en cobertura;  es por eso que Zubiría concluye que: “[…] sin la menor duda, hay que apoyar a los estudiantes más ¨pilos” del país, pero el apoyo no puede hacerse a costa de violar el derecho a la educación del 98% de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que anualmente se gradúan de la educación básica y media en Colombia”.

En este caso, también las Universidades esgrimen que no pueden cofinanciar las matrículas bajo el argumento que deben destinar otros recursos para apoyar a los “Pilos” sin mayor claridad. Zubiría argumenta que existen excelentes universidades privadas en el país, con importantes aportes, pero estas no deben beneficiarse de los recursos públicos que deben fortalecer la ampliación de cupos en las universidades públicas.

Las anteriores son razones más que suficientes para no incluir una propuesta de este tipo en la ley del residente. Apelando solo al recurso argumentativo del pragmatismo fiscal, una medida de este orden en la ley del residente no es costo efectiva ni siquiera para resolver la tesis que se esgrime, que se requiere un mayor número de especialistas en Colombia. Si esto último es lo que se quisiera resolver por la vía de financiación del Estado, resulta más adecuado y eficaz desde los fines esenciales el Estado social de derecho y desde la eficacia en la inversión del gasto social, aumentar la financiación de las universidades públicas para que aumenten cupos para especialidades médico-quirúrgicas, en una lógica de subsidio a la oferta. Es decir, con menos recursos se lograrían más cupos y se estaría promoviendo una formación de alta calidad, dado que por múltiples mediciones nacionales e internacionales en materia de investigación, calidad, innovación y formación estas están entre las primeras tres mejores facultades de medicina del país. Por tanto, resultaría inaceptable que se insista en introducir una propuesta de Ser Pilo Paga en la ley del residente.

La segunda postura de las Universidades resulta más responsable y sensata pero aun así es imprecisa. Esta es la propuesta que presenta la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, que representa a 51 facultades públicas y privadas del país. Es importante resaltar que esta institución acepta públicamente que existe un sobrecosto en algunas matrículas y, además, reconoce que existe una sobrerregulación del sistema universitario por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que le implica grandes costos e inversiones.

Este argumento fácticamente desvirtúa el acomodaticio argumento de algunas universidades privadas y de los parlamentarios más radicales que asumen su vocería; quienes expresan que, por el principio constitucional de la autonomía universitaria, las universidades no son regulables por el Estado. Las propias universidades reconocen que de hecho son reguladas por el Estado a través del MEN. Es de anotar que de la regulación de estas matrículas depende la garantía de otros principios Constitucionales como la garantía del derecho a la salud, que tiene como uno de sus Ordenadores la disponibilidad del recurso humano necesario, y la garantía del Trabajo Digno.

En ese sentido, ASCOFAME manifiesta que sí es posible una regulación de la matrícula pero estableciendo unos topes y estableciendo la prohibición el cobro que hacen algunas clínicas y hospitales a las universidades por la rotación de los residentes. Este aspecto fue considerado en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Ellos calculan que por las exigencias regulatorias del MEN se podría cobrar unos costos de 5 millones al semestre, e incluso, con algunas modificaciones de actos administrativos, se podría llegar a menos. Es importante resaltar que esta postura fue apoyada por la Universidades del Rosario, de los Andes, y ASCUN, que es la asociación que representa a la mayoría de universidades del país.

El tercer bloque de posturas universitarias es el encabezado por las universidades públicas: Universidad de Antioquia, Nacional y del Valle, que mediante varios comunicados han expresado su apoyo al proyecto de ley 272, y al que se suma posteriormente la Universidad Industrial de Santander en un comunicado emitido con posterioridad a la Audiencia.

Es de resaltar la postura de la Universidad Nacional durante la Audiencia, que afirma que estaría dispuesta a exonerar a los médicos residentes de la matrícula y  asumir la modalidad que hoy tiene la Universidad de Antioquia, que sólo cobra unos costos administrativos mínimos, dado que la existencia de los posgrados médico-quirúrgicos constituye un aporte suficiente en el desarrollo de conocimiento, investigación y formación del pregrado, por tanto una Universidad seria no tendría por qué cerrar posgrados por el no cobro de matrículas en el posgrado.

Frente a la increpación de un comunicado de la Universidad CES, emitido en un foro realizado el pasado 8 de septiembre en la Universidad de Antioquia, en donde se insiste en que de aprobarse la ley tendrían que cerrar los posgrados por el no cobro de matrículas el decano de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia arguye que los costos del pregrado financian el posgrado. Las plantas que argumentan algunas universidades deben pagar para formar especialistas son las mismas que se requieren para formar el pregrado. Este concepto coincide de alguna manera con la postura de ASCOFAME y es compatible con el esquema de financiación de las mejores Facultades de Medicina del mundo, incluidas las de Estados Unidos.

Cabe anotar que el cobro de costos administrativos y bajas matrículas por parte de las universidades públicas no responde a la financiación estatal. De hecho, en los últimos años, lo que ha prevalecido es la des-financiación por parte del Estado a estas universidades, cuyos recursos para su existencia son mayoritariamente propios. La decisión de asumir la formación del posgrado médico-quirúrgico, a la vanguardia del mundo, que reconoce la importancia de este recurso humano, responde a un compromiso con el país, con la educación, con la salud. Compromiso que esperamos sea asumido por las universidades privadas comprometidas con la excelencia y la calidad en la educación, y que se espera sea asumido por el Congreso de la República y traducido en la ponencia que próximamente será radicada en la Comisión Séptima del Senado.

 

Las Posturas de los Congresistas

La mayoría de parlamentarios presentes en la Audiencia, que inició con la presencia de 9 de 14 que están en la Comisión, manifestaron la preocupación, de que a esta no haya sido convocado el Ministerio de Hacienda. Se requiere el visto bueno de esta cartera por el impacto fiscal del fondo para la remuneración de los residentes.

La postura que mayor preocupación generó a la comunidad médica, es la del Coordinador de ponentes, el  Dr. Jorge Iván Ospina del Partido Alianza Verde, quien al final concluye su disposición a presentar la ponencia dentro de los 15 días hábiles siguientes. Sin embargo, adopta la postura más radical del minoritario sector universitario, que apelan al principio de Autonomía Universitaria, en la interpretación de que este las vuelve intocables para establecer alguna regulación  de las  matrículas.

Genera preocupación además, que a pesar de las intervenciones de Hospitales Universitarios y las demostraciones de los beneficios financieros que los médicos residentes le reportan a estos, el Senador insista en que a los Hospitales también se les debe reconocer los costos de formación del Residente. Esta situación podría volver inviable el proyecto de ley ante el triple impacto fiscal que causaría, dificultando aún más el visto bueno de Hacienda; sumado a que estas posturas no tienen suficiente sustento empírico, y las que se le oponen sí lo tienen. (Ver Estudio de Costos de Docencia del Hospital Universitario San Ignacio)[ii].

El debate sigue abierto en el Senado de la República, cuando termino de escribir este artículo miles de firmas se recogen en los Hospitales y Universidades por parte de decenas de jóvenes, para solicitar al Senado de la República su votación afirmativa a este proyecto de ley con su espíritu original. Decenas de organizaciones médicas, sindicales y científicas han dirigido cartas al Congreso de la República solicitando la aprobación de este proyecto de ley que es un paso hacia la justicia social que tanto reclama nuestro país.

#VencealNegocio No Mas #PagoporTrabajar No Mas #TrabajoGratis.

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