En el pasado proceso electoral por primera vez en la historia reciente de Colombia, se enfrentaron dos posiciones políticas disímiles y con diferencias de fondo de cómo debería  ser el modelo de desarrollo. Estas fueron encarnadas por el entonces candidato Iván Duque Márquez, en esta propuesta de gobierno confluyeron la clase política tradicional del país; y Gustavo Petro Urrego que aglutinó a una parte del centro político, la izquierda y los movimientos sociales.

 

La primera propuesta, que fue la que logró finalmente ganar la conducción del gobierno nacional, está fundamentada en la continuidad de un modelo económico basado en el rentismo y el extractivismo, en el contexto de una reprimarización de la economía que privilegia la exportación de combustibles fósiles y la desindustrialización del país.

Sumado a lo anterior, se justifican prácticas como el fracking en el cual se dilapida el recurso hídrico para la obtención del petróleo en contravía al debate global en torno a lograr hacer un tránsito hacia las energías limpias que protejan el medio ambiente. Por el lado de las políticas sociales, se insiste en mantener sistemas de salud y educativo, fundamentado en el subsidio a la demanda, en detrimento de las instituciones de carácter público. En el tema pensional, la ruta de este proyecto es acabar con el régimen de prima media para fortalecer los fondos privados de pensiones. Este proyecto mantuvo una fuerte crítica al proceso de paz, señalando que se abocaría una modificación de los acuerdos de La Habana firmados por el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, especialmente en lo relacionado con la jurisdicción especial de paz y la restitución de tierras a la población desplazada.

Del otro lado, se levantaba la propuesta de la Colombia Humana que se fundamentó en el discurso del cambio climático, la necesidad de hacer una transición hacia la generación de energías limpias; el tránsito hacia una economía agroindustrial en oposición a la economía del rentismo petrolero. El símbolo popular que pedagogizó esta propuesta fue la del aguacate. En cuanto a las políticas sociales se posicionó una propuesta de subsidio a la oferta que lograra la gratuidad de la educación superior, la eliminación de la intermediación financiera de las EPS en materia de salud y la instauración de un nuevo modelo pensional que privilegie un sistema de pilares en el que la mayor parte de la población cotice en los fondos públicos, de acuerdo a su nivel de ingresos.

En el marco de este debate que marcó un contraste de fondo en el modelo de desarrollo, aparece el tema de la corrupción como significante flotante que el bloque tradicional representado por Duque logra  matizar a través de su figura joven y novedosa. A pesar de que Duque estaba rodeado de la clase política tradicional asociada a los mayores escándalos de corrupción de la historia del país, él logra mostrarse como una figura renovadora distante de esas prácticas. En campaña anuncia su apoyo a la consulta anticorrupción, lo cual le permitió asumir este tema como una bandera propia. Capotear esta impronta le permitió un triunfo en la segunda vuelta, no obstante con una votación histórica del bloque opositor que superó los 8 millones de sufragios. En este contexto, el Presidente ha sostenido en su discurso un llamado a construir un pacto nacional con acuerdos temáticos.

El hecho político generado por la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, que obtuvo una votación que superó los 11.6  millones de votos, aunque no pasó el umbral, genera un nuevo pulso respecto a quien capitaliza la agenda anticorrupción, si el bloque de gobierno o el de la oposición. Las fuerzas gobiernistas tuvieron una ruptura interna, real o aparente, pero el centro democrático en cabeza de su vocero Álvaro Uribe Vélez,  decidió apartarse de la postura del presidente Duque de apoyar la consulta y toma distancia de la convocatoria que este adoptó de convocar a todas las fuerzas políticas para buscar un acuerdo que permita la radicación de los siete proyectos de ley que validaran los ciudadanos con sus votos. Los puntos allí tratados, constituyen avances fundamentales para posibilitar que existan mecanismos de rendición de cuentas públicos, trasparentes, y la democratización de los llamados cupos indicativos que el ejecutivo negocia bajo la mesa con sus bancadas de gobierno, y que han constituido el aceite electoral para las futuras  elecciones regionales y locales.

En la reunión citada por el Presidente a los voceros de todos los partidos políticos, Gustavo Petro propuso que se deben impulsar no sólo los siete proyectos de ley consultados, sino que adiciona que es necesaria una reforma al Consejo Nacional Electoral (CNE) con la creación de una corte electoral que garantice la independencia de este poder en la vigilancia de los partidos políticos, el recaudo estatal de los recursos públicos con independencia del sector financiero y el replanteamiento del modelo económico rentista. Hasta el momento esta agenda se encuentra en proceso de concertación para ser radicada en el Congreso de la República. Lo cierto es que la propuesta de reforma política que ha presentado el gobierno ha dejado intocada la reforma al CNE, institución que es central en la intervención del poder corrupto que campea en el sistema electoral colombiano.

Nos detenemos en el tema de la corrupción que es uno de los temas  que podemos examinar en este momento, para poder responder nuestra pregunta si será posible un acuerdo sobre lo fundamental, entre gobierno y oposición. El Presidente ha mantenido su palabra de acordar el trámite de los proyectos de ley, no obstante existen dos decisiones políticas que rompen su legitimidad moral para avanzar, uno de ellos lo constituye el nombramiento de Alejandro Ordoñez como embajador ante  la Organización de Estados Americanos OEA. La reelección del exprocurador Ordoñez fue anulada por el Consejo de Estado, por haber cometido una grave ilegalidad, y como dice Rodrigo Uprimny en su columna del Espectador, un acto de “gran corrupción”, al nombrar a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenían competencia para intervenir en su reelección.

El segundo hecho que horada la legitimidad frente a los hechos de corrupción, es el referido al nombramiento de Alberto Carrasquilla, como Ministro de Hacienda.    El periodista Daniel Coronell en la Revista Semana señaló que Carrasquilla, cuando era Ministro de Álvaro Uribe Vélez intervino en  la definición de una política pública, que favorecería posteriormente a dos empresas de su propiedad para quedarse con parte de los recursos de 117 municipios, que debieron ser destinadas a agua y saneamiento básico. Lo anterior  suscitó un debate de control político liderado por el Polo Democrático donde se solicitó la renuncia del ministro, sumado a la propuesta de los Senadores Armando Benedetti y Gustavo Petro de solicitar una moción de censura, hecho que aún se encuentra en indecisión, en tanto las intervenciones de los partidos liberal y cambio radical que definen las diferencias mayoritarias, no han sido dirimidas.  De los partidos que acompañaron la candidatura de Iván Duque, solo cuenta como bancada de gobierno con el Centro Democrático, Colombia Justa y Libres, MIRA , y el Partido de la U, que tiene una tensión interna con un grupo de parlamentarios que han planteado la escisión de la colectividad. Los Partidos Liberal y Cambio Radical se han declarado independientes y sumados con las fuerzas opositoras, le dan una estrecha correlación de fuerzas al gobierno de 54 senadores de su bancada frente a 52 independientes y de la oposición. En esta correlación de fuerzas, la moción de censura del Ministro propuesta por la oposición, para que sea efectiva, depende de la decisión que adopten Cambio Radical, el partido liberal y las disidencias de la U.

En suma, el joven gobierno de Iván Duque enfrenta una crisis de legitimidad, con la dificultad que nada en aguas turbulentas,  entre la línea dura del uribismo que impone una línea regresiva en políticas públicas y en materia del acuerdo de paz, y una línea blanda de sectores políticos que otrora fueron del santismo que se diferencian en puntos importantes de esta línea dura. Esa línea dura del uribismo se ha expresado en las salidas en falso de la ministra de Justicia de Duque, Gloria María Borrero, reivindicando  políticas regresivas y punitivas en materia del consumo de drogas, las salidas del ministro de Defensa, Guillermo Botero,  que se acoge a la línea dura de Trump en la política antidrogas, y propone retomar las fumigaciones de hoja de coca con glifosato a pesar de su impacto negativo en la salud pública, y un sin número de anuncios del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que propone  impuesto regresivos.

El Presidente, tendrá que conjurar estas fuerzas para lograr mayorías y restituir su legitimidad, esto sumado a que enfrenta una oposición alternativa de centro izquierda que logra una representación política y social importante en la historia contemporánea del país y que tiene una propuesta de profundo contraste con el poder político que representa Duque. El acuerdo sobre lo fundamental entre gobierno y oposición no es burocrático, se trata de saber quien logra la hegemonía política, la legitimidad ciudadana en la conducción de las políticas públicas, y el Congreso de la República dada su configuración actual será uno de los escenarios importantes de esa disputa. Los resultados del proceso electoral y la consulta anticorrupción han desequilibrado la hegemonía del bloque tradicional que en las últimas décadas sin menor resistencia, impusieron un régimen excluyente e inequitativo.

Así pues lo que enfrentamos hoy es una disputa entre una opción reaccionaría de la derecha política que busca una hegemonía alrededor de viejas banderas y viejas prácticas como el clientelismo y una opción de un bloque social y político que reivindica la democracia social, la igualdad, la lucha contra la exclusión. Es una disputa por la prevalencia del viejo bloque del atraso y el nuevo bloque del cambio democrático.

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