Poderes fácticos y cooptación han propiciado la corrupción administrativa que afecta el sistema de aseguramiento, dice estudio de la investigadora Carolina Corcho.

Desde la expedición de la Ley 100 se implantó un modelo rentista que favorece interese privados con dineros públicos, pero no garantiza el goce del derecho fundamental a la salud.

El Sistema de aseguramiento en Salud se ha convertido en una especie de “olla podrida” desde donde se aprovechan los dineros públicos para favorecer entidades privadas y se sostiene un mecanismo ineficiente que no garantiza la prestación de los servicios esenciales, según concluye un documento elaborado por la médica e investigadora Carolina Corcho, con el auspicio de la Fundación Heinrich Böll.

El documento completo, que toma como ejemplo el caso Medimás, se presentará este jueves 8 de noviembre en un acto al que asistirán representantes de las asociaciones científicas, parlamentarios, gremios hospitalarios, asociaciones de pacientes, centrales de trabajadores y sociedad civil. 

Es un estudio cuidadosamente documentado, en el que se pone en evidencia que el fenómeno se viene repitiendo sistemáticamente desde la expedición de la Ley 100; una especie de carrusel o puerta giratoria auspiciada desde el sector financiero y en el que han actuado personajes que alternan su participación en ministerios e institutos con cargos en las entidades privadas del sector salud. “Son distintos agentes que se han situado como poderes fácticos, es decir, como actores capaces de movilizar recursos políticos para incidir en la política pública y obtener beneficios particulares. Esos factores reales de poder son las corporaciones financieras y los grupos de interés asociados a la existencia de las EPS, entendidas como vehículos para captar de manera rentista recursos públicos de la salud”, precisa el documento.

Fecha: 8 de noviembre de 2018
Lugar: Salón Monserrate Hotel Tequendama
Hora:   7.30 a.m.

 

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